(Prensa Libre, 28/11) Los diferentes actores de la industria eléctrica consideran que para lograr que en 2027 el 80% de la generación de energía sea con fuentes renovables, como lo establece la Política Energética Nacional, se deben atraer mayores inversiones, reducir la conflictividad social y agilizar los procesos burocráticos.
De acuerdo con datos de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), en la actualidad, el 71.1% de la generación de energía eléctrica en el país se da a base de recursos verdes.
En Guatemala, de la generación renovable, el 49.9% proviene de hidroeléctricas, 14.4% de biomasa, 2.7% de tecnología eólica, 2.2% de geotérmicas y 1.9% es solar. Este sector representa 1 mil 123 MW en el sistema eléctrico nacional.
El país se enfrenta el desafío de cubrir la brecha de alrededor del 10% de cobertura eléctrica, pero, además, hay retos en lo relativo a mejorar la calidad del suministro, principalmente en el interior del país.
Según Víctor Asturias, director ejecutivo del CIE, para brindar un marco de certeza jurídica en las inversiones, el país debe avanzar en la reglamentación de la consulta previa a pueblos indígenas que demanda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La conflictividad social es un tema sensible. Nosotros hemos trabajado en educación e información, pero no ha sido suficiente. Necesitamos que se reglamente el Convenio 169 en materia de consulta a los pueblos indígenas que, en realidad, no se trata de una consulta popular, sino de un diálogo vivo entre las partes”, expuso Guardado.