(Cinco Días) Las comercializadoras alertan de una distorsión del mercado, pues el incentivo no se pagará vía peajes sino como precio de la energía
Cuando se creía que ya no quedaba margen para la sorpresa en el sector energético, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó la semana pasada a audiencia pública un polémico real decreto por el que se regula el nuevo régimen económico de los productores de energías renovables que resulten adjudicatarios de capacidad en las subastas que se avecinan: 30.000 MW en la próxima década para lograr los objetivos de des-carbonización.
Una propuesta que ha alarmado a las comercializadoras (tanto independientes como a las tradicionales de la antigua Unesa) y a los consumidores (especialmente, industriales), que la califican como una vuelta a los precios regulados, “al menos, para una parte de la energía del sistema”. Además de regular el mecanismo (el producto a subastar será la potencia, la energía producida o una combinación de ambas; la variable será el precio en euros MWh y se hará mediante sobre cerrado), el real decreto revoluciona la vía por la que las renovables cobrarán las subvenciones derivadas del nuevo régimen económico.