(Cinco Días) El Gobierno, con Teresa Ribera a la cabeza como ministra para la Transición Ecológica, tiene ante así uno de sus mayores retos: abordar de manera urgente la reforma del sistema eléctrico. La presión sobre el Ejecutivo (dentro y fuera de él) es ahora máxima en un contexto de precios disparatados de la electricidad en el mercado mayorista, en máximos [hasta 94 euros por MWh] desde la borrasca Filomena. El problema es estructural y parece que no es suficiente con la suspensión temporal de impuestos, sino que se necesitan medidas como una reducción del IVA.
En este sentido, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no descarta aplicar una bajada en el IVA [del 21%] cargado a la tarifa eléctrica, aunque deja en manos del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Europea la decisión final.
Ya avanzó ayer el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que el Ejecutivo baraja la posibilidad de rebajarlo al 10%. Garzón reconoció que el precio de la energía está disparado y que esa posible reducción del IVA sería “una acción extraordinaria” del Gobierno para abaratar la factura de la luz, que en junio apunta a la segunda más cara de la historia con 88,11 (impuestos incluidos), lo que supone volver a niveles de 2012.
La rebaja del IVA es una de las demandas de las asociaciones de consumidores, como la OCU, que también pide eliminar el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1127%, que se creó en 1998 para cubrir las ayudas a la minería del carbón. Según la OCU, estas medidas supondrían un ahorro para los consumidores de casi el 14%.