(Revista Electricidad) Tras varios tropiezos, diputados y senadores lograron un entendimiento y el proyecto que suspende el corte de suministro de servicios básicos está a pocos pasos de convertirse en Ley.
Ello, porque este miércoles en la Comisión Mixta los integrantes de la oposición -que son mayoría- presentaron una indicación sustitutiva para reemplazar el texto de las mociones, la cual se votará el viernes. Este jueves esperan escuchar la opinión del gobierno respecto de esta controvertida norma que tiene en compás de espera a la industria. Si como se espera el viernes se aprueba la propuesta, la Cámara y el Senado deberían ratificarla la próxima semana y el texto quedaría en condiciones de convertirse en Ley.
La indicación propuesta delimita el ámbito de acción de quienes pueden ser beneficiarios de la norma imponiendo ciertos requisitos a los clientes residenciales: situarse en el 60% de hogares vulnerables, estar en el programa de Protección de Empleo, ser adulto mayor, y a los trabajadores independientes e informales, que “mediante declaración jurada simple, den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos”. El uso malicioso de este instrumento contempla penas de presidio y multa.
Además se contemplan como beneficiarios los hospitales y centros de Salud; recintos penitenciarios; hogares de menores y adultos mayores; Bomberos; organizaciones sin fines de lucro, y microempresas con ventas menores a 2.400 UF anuales.
A todos ellos, desde la entrada en vigencia y “hasta los 90 días posteriores al cese del Estado de Catástrofe”, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, gas de red y de telefonía e internet fijo o móvil, no podrán cortar ni suspender el suministro en caso de mora en el pago. Además, las firmas de telecomunicaciones deberán poner a disposición un “Plan Solidario de Conectividad”, sin costo y sin cambio numérico.